Qué difícil es aprender:
Plan Colombia y Democracia en el Perú

Carlos Reyna Izaguirre

Una política exitosa contra el narcotráfico en el Perú solo puede existir bajo dos condiciones. Primero, un gobierno transparentemente democrático, con sus instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales, policiales y militares garantizando efectivamente la vigencia del equilibrio de poderes, la aplicación de la ley para que no haya impunidad y la responsabilidad ante sus ciudadanos. Y segundo, una política económica que señale como sus metas prioritarias a la reducción del desempleo y el mejoramiento de la economía campesina.

Toda política antidrogas que abandone o menosprecie la decisiva importancia de los aspectos institucionales democráticos o los aspectos económicos y sociales resultará siempre contraproducente y será funcional al tráfico de drogas. Toda política antidrogas que asuma una óptica donde prevalezcan las acciones puramente policiales o militares también tendrá ese efecto perverso. Al fin y al cabo, el narcotráfico tiene como su principal aliado e instrumento a la corrupción y los estudios muestran que la corrupción está directamente asociada a deformaciones institucionales como la concentración de poder, la falta de transparencia y la impunidad. El caso del Perú en la última década es una sólida evidencia.

Montesinos engañó a mucha gente respecto a la realidad del narcotráfico en el Perú. Entre los engañados estuvieron las propias agencias oficiales norteamericanas encargadas de la política de los EEUU hacia Latinoamérica. Quienes quisieron creer que el narcotráfico se había reducido significativamente en el Perú de Fujimori utilizaron como indicador favorito la cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca y los arrestos a bandas de narcotraficantes. Pero desde mediados de los 90 había evidencias de un aumento en la producción de cocaína en suelo peruano. Por otro lado, desde 1999 hay un aumento lento pero sostenido en el precio de la hoja de coca en los valles del Huallaga de Apurímac. Y ahora se sabe que Montesinos alentaba la narco-corrupción de militares y policías mientras él acaparaba los beneficios en el negocio de las armas.

Pero no se puede decir que las agencias oficiales encargadas de la política latinoamericana de los EEUU ignoraban cuan peligroso podía ser Montesinos para la democracia o para una política antidrogas que tuviera a la democracia como su referente obligado.

La prensa peruana divulgó información consistente sobre los vínculos de Montesinos con narcotraficantes y con militares violadores de derechos humanos en una fecha tan temprana como 1990. La propia prensa norteamericana informó sobre ese tipo de vínculos desde 1992 por lo menos. El 16 de abril de ese año The Miami Herald publicó un reportaje de Sam Dillon que además señalaba las relaciones de Montesinos con la CIA. En 1996 Montesinos fue acusado abiertamente por un conocido narcotraficante y en ese mismo año y en 1998 el zar antidrogas, general Barry McCaffrey, expresó su intenso desagrado por la difusión de fotos y videos en donde dicho personaje aparecía con él en reuniones oficiales. Ya fines del 2000, ya caídos Fujimori y Montesinos, la sra. Madeleine Albright admitió que el asesor había trabajado para la CIA "hasta cierto momento", sin precisar hasta cuándo.

Así que no fue el desconocimiento lo que explica el engaño. Fue mas bien un tipo de cálculo político, una determinada actitud hacia el Perú por parte de las agencias norteamericanas lo que las hizo vulnerables frente al mafioso. En términos generales ese cálculo político prefirió valorar las nociones de libre mercado, orden y disciplina financiera que supuestamente encarnaba el régimen de Fujimori y relativizar los asuntos democráticos y de moralidad pública. Solo cuando, en la primera mitad del 2000, el régimen de Fujimori se volvió grotescamente dictatorial y cuando, a mediados del 2000, se hizo visible la incursión de Montesinos en el tráfico de armas internacional es que se precipita la ruptura total de parte de todas las agencias estadounidenses.

¿Cuál fue el mecanismo principal por el cual Montesinos construyó su imperio de corrupción?. Fue la militarización del Estado y de la política peruana. Utilizó los fantasmas de Sendero, la delincuencia y el narcotráfico para concentrar atribuciones en las fuerzas armadas y en los servicios de inteligencia y para liberarlas del control de los ciudadanos. Desde allí tejió una red que penetró las entidades encargadas de aplicar la ley y todas las que manejaban recursos o información. Un sistema, precisamente, marcado por la concentración de poder, la ausencia total de transparencia y por la impunidad.

¿Cuál es el principal riesgo del llamado Plan Colombia para el Perú?. Pues que sea el punto de partida para que vuelva a resurgir un proceso de militarización de los asuntos de orden público que debieran ser resueltos por autoridades y oficinas civiles. En este caso, el narcotráfico. Este nuevo brote de militarización del orden público puede, a su vez, interferir y complicar el proceso democratizador que hay ahora en el Perú.

¿Por qué puede ocurrir esto? Porque un eventual cumplimiento, en términos de interdicción, del Plan Colombia en Colombia desplazaría el cultivo de la coca y el tráfico de droga otra vez hacia territorio peruano. Según especialistas, la ceja de selva peruana sería la mejor alternativa, y no Bolivia ni Ecuador: tanto por la calidad de la coca peruana como por las características geográficas, sociales e institucionales.

Las zonas potencialmente o ya efectivamente cocaleras son extensas y de difícil control por la policía. El desempleo y la recesión se han acentuado en los últimos tres años, y muchos desempleados o campesinos pobres pueden aumentar las filas de los campesinos. Todavía hay algunos focos senderistas activos en las zonas cocaleras. Todo eso puede favorecer un salto en la actividad de los narcos y ser, simultáneamente, un argumento para que los militares se encarguen de las acciones de represión.

El problema es que la fuerza armada peruana todavía no ha fortalecido suficiente la moral de sus oficiales y tropa como para garantizar que no se reproducirán los procesos de corrupción por el contacto con los narcos.

Los militares peruanos recién han iniciado un proceso de rectificación institucional y está comenzando un interesante debate acerca de su rol en una democracia. La idea de que no deben asumir funciones mas allá de las estrictamente referidas a la defensa nacional ha ganado legitimidad últimamente y eso favorece a la democratización del país.

Lamentablemente, en el espíritu del Plan Colombia y de las iniciativas oficiales norteamericanas respecto al narcotráfico está la presión para un mayor involucramiento de las fuerzas armadas en esas acciones contra el narcotráfico. Así, nuevamente, como a inicios de los 90 la ansiedad por mostrar logros en el corto plazo así como el énfasis que se pone en los aspectos represivos, puede significar para el Perú una agudización del narcotráfico y un relanzamiento de los roles extra institucionales de las fuerzas armadas. Eso interfiere con el proceso de construcción de la democracia y, a la larga, será contraproducente con los mismos esfuerzos antidrogas. Qué difícil es aprender.

(Carlos Reyna <creyna@desco.org.pe> trabaja como investigador con el Area de Investigación DESCO en Lima, Peru.)